Las propuestas medioambientales Pacto Apruebo Dignidad

Las elecciones se acercan a pasos agigantados, mientras la ciudadanía exige medidas contundentes en tiempos de crisis ambiental y climática. Por ello hicimos una recopilación que resume las principales propuestas medioambientales que los candidatos han plasmado hasta la fecha en sus respectivos programas y páginas web, con la idea de que puedas ahondar más por tu cuenta con miras al 21 de noviembre. El agua, las plantas desaladoras, el litio, el hidrógeno verde, el Acuerdo de Escazú y numerosas iniciativas con el apellido “sustentable” son algunos de los tópicos que abordan quienes buscan sentarse en el sillón presidencial.

No cabe duda de que vivimos tiempos sin precedentes, marcados por la crisis ambiental y climática global. Pese al contexto actual, el medioambiente sigue siendo un tema “secundario” en los debates masivos, aunque la ciudadanía continúa demandando respuestas en este ámbito

Revisa el resumen por distintas áreas a continuación.

  1. Gabriel Boric (Pacto Apruebo Dignidad)
Gabriel Boric. Foto: boricpresidente cl
Foto: boricpresidente cl

ECONOMÍA

Reactivación verde y energía

  • La lucha contra la pobreza energética a través de inversión en reacondicionamiento térmico, instalación de sistemas de generación eléctrica y energía renovable a nivel residencial y la reducción de la interrupción de suministro eléctrico.
  • La infraestructura para la movilidad urbana de bajo impacto ambiental, a través de infraestructura peatonal estándar y adecuada a personas con discapacidad o movilidad reducida, fomento de medios de transporte no motorizados y construcción de infraestructura para transporte público a nivel nacional.
  • No más personas sin acceso al agua potable a través de la rehabilitación de pozos, tanques y sistemas de tratamiento de agua potable de al menos el 10% de la infraestructura de Agua Potable Rural (APR), construcción de sistema de tratamiento de aguas servidas para los APR con alcantarillado que no cuenten con una; sistemas descentralizados de alcantarillado para tratamiento de aguas servidas para los que no cuentan con alcantarillado (wetlands, biodigestores, etc.); etc.
  • Impuestos específicos a los combustibles: avanzar a un impuesto de 7 UTM por metro cúbico para gasolinas y diésel, sin exenciones
  • Otros impuestos verdes: corrección del impuesto a las emisiones fijas que aumente el precio del CO2 y que incluya el cambio de uso de suelo, emisiones de residuos, medios de transporte exentos de impuestos y ganadería extensiva; impuesto a productos contaminantes que implemente tasas específicas para productos especialmente nocivos para los ecosistemas; etc.

Transformación productiva y transición ecológica justa

  • Crear una Banca de Desarrollo: transformación de Corfo en un Banco de Desarrollo que lidere e implemente políticas industriales y tecnológicas “verdes” orientadas por misión con el objetivo de diversificar la matriz productiva, añadir valor agregado a la producción y generar las innovaciones necesarias para “una economía sostenible”.

Minería

  • Uso de cobre y litio “de maneras innovadoras”, incluyendo la producción agroindustrial; generación de energías renovables como la energía solar o el hidrógeno verde; innovación en la producción de tecnología y uso de datos en astronomía; y transformación digital y democratización de los servicios.
  • Desarrollo público-privado de plantas desaladoras que transporten agua tratada para la minería y para las comunidades cercanas “cuando la oferta natural no sea suficiente”.
  • La regularización de la situación de abandono de Pasivos Ambientales Mineros (PAM), como plantas, tranques de relaves, rajos y depósitos; las propuestas de mejoras al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) relacionadas al desarrollo de exploraciones y proyectos mineros; y la solución en el corto plazo de la falta de participación ciudadana en la aprobación de proyectos mineros.
  • Litio: mantener su carácter no concesible para que sólo se pueda explotar con contratos especiales de operación; la creación de la Empresa Nacional del Litio (ENALI), controlada por el Estado pero que pueda actuar en asociación con actores privados; la no extensión del contrato de arrendamiento entre CORFO y SQM para transferir los derechos que tiene CORFO a favor de la ENALI; y el fomento al desarrollo e investigación para usos y productos ligados al litio y sus sustancias asociadas.
  • Royalty minero de 1% del Producto Interno Bruto (PIB): impuesto será ad valorem de los minerales extraídos (valor del mineral); la tasa de este impuesto será progresiva, de modo tal de exigirle “un esfuerzo adicional a las grandes mineras y no afectar el desempeño de la pequeña y mediana minería”.

Descarbonización

  • Plan nacional de Soberanía Energética donde se le dará un fuerte impulso al desarrollo de generación distribuida que cambie el paradigma de modelo energético actual.
  • Eficiencia Energética y recambio energético residencial: educación en cuanto al uso responsable de la energía, potenciando desde la educación básica los conceptos sobre la crisis climática y el uso responsable de los recursos; programa de aislación térmica “Abriguemos Chile” que pretende aislar térmicamente un total de 33.000 viviendas en 22 comunas del país; plan regulatorio de la leña como combustible; creación de un centro de investigación y fomento a la eficiencia energética, tanto para los hogares como la industria, etc.

Hidrógeno Verde

  • Creación de un marco regulatorio y normativo del hidrógeno en Chile; y desarrollo del Hidrógeno en inicialmente 3 macrozonas de Chile (norte, centro sur y extremo sur).
  • Rol central de ENAP o una nueva empresa estatal: creación de la Empresa Nacional de Hidrógeno Verde para el desarrollo del H2 verde en el país.
  • Participación temprana de la comunidad en los proyectos: tanto en su evaluación de impacto ambiental como en su vinculación con el desarrollo local, vínculo con los Planes Regionales de Ordenamiento Territorial (PROT).

Turismo

  • Revisión de la institucionalidad con el fin de darle mayor relevancia al desarrollo productivo y el cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la aplicación del Código Ético Mundial para el Turismo, con el fin de maximizar la contribución socioeconómica del turismo y minimizar a la vez los posibles impactos negativos que pudiera tener.

Sector silvoagropecuario

  • Generar normas de protección ambiental para plantaciones forestales, considerando regular el tamaño de cosecha y protección de la biodiversidad.
  • Protección y recuperación de los suelos agrícolas mediante la creación de un programa para reducción del uso de pesticidas en el corto y mediano plazo, así como en el uso de nutrientes químicos, fijando metas de producción agrícola sustentable.
  • Impulsar el proyecto de ley que declara la leña como combustible; elaborar una política orientada al uso responsable de leña certificada.
  • Crear un Servicio Nacional Forestal público.
  • Fortalecer los instrumentos para promover la eficiencia y sustentabilidad en el uso del agua y obras de riego por parte de la AFC, incluyendo transferencia de tecnología y asistencia técnica.
  • Establecer un sistema de evaluación de impacto ambiental que considere las intervenciones que hacen los proyectos productivos silvoagropecuarios, en donde se diferencien los requisitos de la gran industria y de los pequeños productores.

Alimentación y soberanía alimentaria

  • Reformular la institucionalidad de Agricultura y Pesca.
  • Promover y fortalecer la legislación que disminuye y fiscaliza la parcelación y avance inmobiliario e industrial a los sectores rurales, considerando el bienestar de los ecosistemas.
  • Desarrollar una Política para la Reducción de Pérdidas y Desperdicio de Alimentos, estableciendo indicadores para su medición y formalizando la Comisión Nacional de Reducción de Pérdidas y Desperdicio de Alimentos.
  • Diseñar e implementar una Política y Acuerdo Nacional sobre Soberanía Alimentaria y Nutricional, para la transición hacia un sistema alimentario nacional saludable, sostenible y con enfoque agroecológico.
  • Derogar la Ley de Pesca, reformulando el sistema de cuotas marítimas vigentes. La nueva ley tendrá en cuenta la legislación indígena preexistente en la materia (ley Lafkenche).
  • Mayor regulación en la acuicultura con el fin de establecer los parámetros mínimos sanitarios/ecológicos y sociales de los cultivos a nivel territorial; limitación de la densidad excesiva y el uso de antibióticos.
  • Crear una Ley de Protección a las Semillas Ancestrales y Patrimonio Genético y Legislación sobre la producción y comercialización de productos transgénicos.
  • Crear una Política Nacional de Apicultura que promueva la comercialización, tecnificación e innovación en la actividad, la sanidad de las colmenas y la autenticidad de los productos, priorizando la ley apícola.
  • Actualizar la normativa de agroquímicos, acompañado de capacitación a la AFC en el uso de estos productos.

INSTITUCIONALIDAD Y NORMATIVA

  • Impulsar la tramitación expedita del proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP).
  • Desarrollo de bases de datos que incluyan y fortalezcan las colecciones biológicas, coordinar las bases de datos científicas desde el Ministerio de Ciencias y transferir el Museo Nacional de Historia Natural desde la DIBAM al Ministerio de Ciencias.
  • Dotar a las policías de mayores recursos humanos y materiales para la investigación de delitos medioambientales, y para contar con unidades especializadas en todas las regiones.
  • Cumplimiento y mayor ambición del Acuerdo de París, la Nueva Agenda Urbana, el Marco de Sendai y los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS al 2030, además de firmar el Acuerdo de Escazú.
  • Política exterior turquesa (verde y azul): impulso una plataforma latinoamericana de cooperación e integración ambiental con participación vinculante de gobiernos locales y pueblos originarios para la implementación conjunta de medidas de adaptación frente a la crisis climática y de administración colectiva de bienes comunes de patrimonios ambientales transnacionales como el Amazonas, la Cordillera de los Andes, la Patagonia, o la Antártica.
  • Revisión de evaluación y suscripción de tratados comerciales. No se firmarán nuevos tratados como el TPP-11, mientras no se hayan revisado los procesos de participación ciudadana, entre otros aspectos.
  • Fortalecimiento de la figura de la delación compensada y el denunciante anónimo: incorporación en regulación ambiental (Superintendencia del Medio Ambiente).
  • Endurecimiento de las sanciones a las empresas: busca ampliar el catálogo de delitos por los que deben responder de acuerdo con la Ley N°20.393, para que se incorporen a ella los delitos de colusión, tributarios, electorales, medioambientales, etc.

MEDIOAMBIENTE Y BIODIVERSIDAD

  • Aumentar significativamente la extensión de áreas prioritarias para la conservación de la biodiversidad, corredores biológicos, y áreas terrestres y marinas.
  • Creación de líneas de financiamiento para la conservación de la biodiversidad cuya base de sustento, de gestión y ejecución, sean las comunidades regionales y locales.
  • Creación de un sistema nacional de centros de rescate y rehabilitación de fauna silvestre vinculado al Ministerio del Medio Ambiente (y en lo futuro alojado en el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas).
  • Ingresar proyecto modificatorio de la Ley N°20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal otorgando mayor protección a las especies y sus hábitats de la actividad agrícola e inmobiliaria.

Crisis climática y transición ecológica

  • “Estrategia de Adaptación Transformadora (EAT)” que declarará al país bajo emergencia climática e impulsará un plan de mediano a largo plazo y con enfoque en las regiones.
  • Modificación de la ley orgánica municipal con el fin de entregar mayores facultades ambientales y de recaudación (ley de rentas, impuestos verdes, etc.) para el diseño y ejecución de planes locales de adaptación climática.
  • La incorporación en la Ley de Cambio Climático de la exigencia que todos las políticas y planes, e instrumentos de planificación territorial que se sometan a Evaluación Ambiental Estratégica, incorporen la evaluación de riesgos y estrategias de adaptación para diferentes escenarios de la crisis climática.
  • En el caso del SEIA, se incluirá en la Ley la necesidad que proyectos sometidos a evaluación declaren sus proyecciones de GEI y medidas de mitigación para ser consistentes con el objetivo de carbono neutralidad al 2050, como también la exigencia que en proyecciones de línea de base se consideren comportamiento futuro de componentes ambientales según diferentes escenarios climáticos.
  • Programa de CTCI liderado por el Estado y orientado a enfrentar las crisis climática y ecológica con metas claras y definidas con misiones orientadas tanto en adaptación y mitigación, en colaboración con el sector productivo, universidades, centros de investigación regionales, ONG y las comunidades.
  • Creación de un Fondo Soberano de Adaptación al Cambio Climático: para generar capacidad de ahorro y brindar margen presupuestario para las inversiones futuras. Eventualmente puede adaptarse el actual Fondo de Estabilización Económica y Social.

Océano y zona costera

  • Creación del Ministerio del Mar y del Sistema Integrado de Observación del Océano Chileno, con personal y plataformas de sensores fijas y móviles que monitoreen el mar, etc.
  • Prohibición de la pesca de arrastre debido a su devastación del ecosistema marino.
  • Implementar planes de manejo para pesquería oceánica, nacional y local; fortalecer el programa de observadores científicos a bordo de las flotas pesqueras para reducir los descartes y la pesca incidental; implementar sistema de monitoreo sobre las flotas y barcos pesqueros de altamar; promover el desarrollo de una Planificación Espacial Marina para el manejo de los ecosistemas y sus recursos.
  • Avanzar hacia la certificación de las pesquerías y acuicultura; crear un plan de prevención, control y erradicación de especies exóticas invasoras; generar una plataforma que integre los datos de pesquería y acuicultura; promover el estudio del impacto de la crisis ambiental y el cambio climático sobre los mamíferos marinos, aves del litoral y tortugas marinas; y fortalecer el Plan de Acción Nacional para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal no declarada y no reglamentada.
  • Promover la protección del suelo marino por su importante rol de secuestro de carbono frente a amenazas como la minería submarina; y asegurar la protección de los bosques submarinos de macroalgas.
  • Promover la creación de una plataforma nacional de datos de humedales costeros y su accesibilidad vía web a los usuarios del país.
  • Regular la presencia, ubicación y funcionamiento de plantas de desalinización industrial de agua de acuerdo con el impacto ambiental de la salmuera, infraestructura y procesos asociados sobre la biodiversidad.

AGUA

  • Fiscalización, prorrateo o incluso expropiación de derechos de aprovechamiento, según la situación de cada territorio; fortalecimiento de los Sistemas Sanitarios Rurales (ex APR); fomento a la reutilización del agua, impulsando el reglamento de la ley de aguas grises, hoy en trámite; estrategia para reconvertir las plantas de tratamiento de aguas servidas basadas en dilución a plantas de lodos activados, poniendo a disposición esta agua para nuevos usos.
  • Glaciares: incluir la protección integral del entorno periglaciar en la ley en actual discusión.
  • Plan de gestión en remediación, recuperación y monitoreo ambiental de cuencas y acuíferos ubicados en sectores vulnerables o de alto riesgo ambiental, para lo que se contempla la delimitación de cauces y acuíferos.
  • Fortalecimiento de la institucionalidad actual e infraestructura: incremento del gasto público en gestión de aguas; crear oficinas hídricas locales basada en colaboración con gobiernos locales y municipios; la protección ambiental y de cuencas con mecanismos como fondos de agua, áreas protegidas y protección comunitarias; una política de democratización de las empresas sanitarias a través de Corfo.
  • Estrategia de gestión multisectorial y descentralizada, con enfoque de cuenca y perspectiva feminista, que apunte a la resiliencia, adaptación a la crisis climática y seguridad hídrica; la creación de la Autoridad Nacional del Agua; el diseño de un sistema nacional de planificación de infraestructura crítica con enfoque de cuenca y nexo agua-energía-alimentos; la gestión del riesgo de desastre basada en soluciones basadas en la naturaleza; autoridades de agua transfronterizas para establecer con Argentina, Bolivia y Perú la gestión conjunta de aguas transfronterizas.

Bienestar animal

  • Agenda legislativa e institucional de apoyo a la transformación del sistema productivo, y de manejo de los animales destinados a comercialización y/o trabajo, hacia modelos sustentables que reconozcan la sintiencia animal, y dictación de las disposiciones reglamentarias que den un soporte normativo al proceso de transición.
  • Acuerdos estratégicos de producción sustentable y libre de crueldad animal con pequeños, medianos y grandes productores y comercializadores del país.
  • Poner fin al uso de animales en operativos antidisturbios por parte de Carabineros de Chile.
  • Creación del Observatorio de Sintiencia Animal.
  • Rediseño del “Programa Nacional de Tenencia Responsable de Animales de Compañía”, entregando la decisión de las prioridades territoriales a los Gobiernos Regionales.
  • Ingresar proyecto modificatorio de la Ley N°20.962 que Aplica la Convención CITES, y de otros cuerpos legales, para dotar al Ministerio Público y policías de mejores herramientas de investigación en los delitos asociados al tráfico de especies protegidas y sus derivados.
  • Ingresar proyecto de ley modificatorio de la Ley de Caza a efectos de prohibir la caza deportiva y la caza de fauna silvestre nativa en todo el territorio nacional.

Más información de las propuestas de Gabriel Boric aquí.

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